La empresa tecnológica andaluza pilota la puesta en marcha en Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, La Rioja, Ceuta y Melilla

El contrato crea 30 nuevos empleos, pero Soltel contratará a un centenar de trabajadores este año para proyectos de Justicia

SOLTEL ha empezado a trabajar en la renovación digital de los Registros Civiles de España. El Ministerio de Justicia ha confiado en la tecnológica andaluza para una parte importante de este ambicioso proyecto que gestiona la Subsecretaría de Justicia a través de la División de Tecnologías y Servicios Públicos Digitales. El proyecto, que tiene implantación nacional, se ha dividido en varios lotes, en concreto cuatro, y SOLTEL se encarga del lote 2, que tiene su área de actuación en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Islas Canarias, Castilla La Mancha, La Rioja, Murcia y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. El presupuesto del proyecto supera los 2,5 millones de euros.

Para dar respuesta al trabajo de este contrato, SOLTEL ya ha empezado a incrementar la plantilla, dado que estima que el encargo del Ministerio requerirá contar con 30 personas más dedicadas en exclusiva a este cometido. Pero no serán las únicas que entrarán a prestar su servicios en la tecnológica andaluza, pues a lo largo de 2022, SOLTEL tiene previsto aumentar aún más la plantilla para proyectos relacionados con la Justicia, que elevarán la cifra final a cerca de un centenar de trabajadores nuevos.

Sistema informático único

En el proyecto de los Registros Civiles, el trabajo que se va a desarrollar va encaminado a que la Administración de Justicia consiga que todas las oficinas del Registro Civil utilicen los mismos sistemas y aplicaciones informáticas con un sistema llamado DICIREG que implementa los mecanismos para la tramitación de los procedimientos, la práctica de asientos y la expedición de certificados.

El servicio objeto de contratación es el conjunto de las tareas de índole organizativa y técnica necesarias para planificar la fase de pilotaje previa a la puesta en marcha de las unidades de despliegue de oficinas definidas entre el Ministerio y las CCAA, gestionar la efectiva realización del mismo y dar soporte funcional y técnico a los nuevos usuarios durante este periodo, colaborar en las tareas administrativas de puesta en marcha y, en su caso, dar soporte in situ a aquellas oficinas que por su naturaleza lo requieran con posterioridad a su puesta en servicio.

En cuanto a los plazos, está previsto que durante el primer semestre de este año se complete el despliegue con medios del contrato, por orden decreciente de población, en el resto de Partidos Judiciales cuya Oficina General provenga de un Registro Civil exclusivo. A partir del segundo semestre de contrato y durante 2023, se acometerá el despliegue en el resto de los 415 Partidos judiciales cuya Oficina general provenga de un Registro Civil Municipal con la siguiente previsión de despliegue semestral de oficinas por periodo semestral del contrato.

En líneas generales, lo que la administración busca es garantizar el acceso a los registros civiles a todos los ciudadanos, con una red de oficinas dotada de servicios electrónicos y adecuadamente capilarizada en todo el territorio nacional, para proporcionar la necesaria cercanía a los usuarios del servicio registral. También se quiere aprovechar la experiencia de los empleados públicos y que se adapten al nuevo modelo del Registro Civil, así como la adaptación entre las diferentes administraciones públicas.